Ya han pasado más de nueve años desde que se publicó el Real Decreto 56/2016, por el que se transpuso parcialmente la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. Concretamente, el mencionado Real Decreto transpuso lo referente a las auditorías energéticas, obligando a las grandes empresas a llevarlas a cabo en un período de nueve meses desde su publicación y con la obligación de repetirlas cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, bajo el riesgo de ser sancionados por incumplimiento de dicho calendario.
Esta obligación forzó a muchas empresas desde entonces a realizar una auditoría energética, pero en muchas ocasiones, no se llegaba a implantar las medidas de ahorro energético detectadas, que no era el objetivo del Parlamento Europeo cuando desarrolló la mencionada Directiva.
La auditoría energética es una herramienta minuciosa que permite identificar bien los consumos energéticos de una instalación, su funcionamiento, el reparto energético entre proceso e instalaciones auxiliares, para determinar en qué puntos existen ineficiencias y proponer una serie de mejoras para realizar la misma función de manera eficiente energéticamente, y en consecuencia, con menor coste.
El problema es que hasta la aparición de los conocidos Certificados de Ahorro Energético, las empresa no priorizaban las inversiones en eficiencia energética, centrándose principalmente en inversiones productivas.
Por lo tanto, teníamos una obligación más para las grandes empresas y medidas de mejora que no tenían la rentabilidad rápida que en ocasiones requieren las grandes empresas para autorizar una inversión, que no fuera productiva.
Ahora se ha dado un vuelco a esta situación y tras la publicación del Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs en adelante), se monetiza el ahorro energético, ya no para las grandes empresas, sino para toda empresa y particular, lo que da “la vuelta a la tortilla”, siendo de interés para las empresas realizar un diagnóstico en profundidad y buscar posibles mejoras energéticas en sus instalaciones, porque cuanto más ahorro se pueda identificar, mayor beneficio económico se obtendrá y más rentable y viable será llevar a cabo esa inversión.
El sistema de CAEs se inicia en España en 2023, aunque su conocimiento por todos los afectados se está viendo con más relevancia desde finales de 2024 y este primer trimestre de 2025, y sigue creciendo.
Este sistema pone en contacto al conocido Sujeto Obligado (SO en adelante), que tiene una obligación anual de hacer una aportación económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en función de las ventas de energía del año anterior, con las empresas que puedan llevar a cabo actuaciones de eficiencia energética, para que alternativamente a realizar estas aportaciones al Fondo, compre los ahorros energéticos por un importe que puede oscilar entre los 100 y 160 €/MWh aproximadamente, en función del volumen de ahorros energéticos a vender al SO y la tipología de actuaciones.
Por ende, nos encontramos con un nuevo mercado donde encontrar ahorros energéticos es prioritario para las empresas, ya que permite acometer inversiones que sin este apoyo no tendrían la debida rentabilidad y el corto retorno, encontrando actuaciones que permiten incluso obtener mayores ingresos que el coste de la inversión para acometerlas. Se ha encontrado la clave para dinamizar la eficiencia energética, siendo ahora la Auditoría Energética más importante que nunca, además, cuanto con mayor detalle se haga y más tiempo se emplee en ella, más oportunidades tendremos de sacar a relucir oportunidades de ahorro energético.
También se puede profundizar con la instalación de sistemas de monitorización de los equipos consumidores de energía, para descubrir el consumo preciso de cada equipo o instalación, y yendo un paso más allá, implantar un Sistema de Gestión Energética, que permite involucrar a toda la empresa, hacer un seguimiento continuo y detectar oportunidades de mejorar la eficiencia de la instalación a la vez que la amortización rápida de las inversiones a acometer. Se mejoran las instalaciones, se optimizan los procesos y se contribuye a los objetivos de la Unión Europea de Ahorros Energéticos, siendo el objetivo para España en el período 2021-2030 de 53.593 ktep.
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