Poder optar a bonificaciones por contratación de investigadores en España se ha vuelto más complicado para las empresas. El 1 de septiembre de 2023 entró en vigor el Real Decreto-Ley 1/2023 que endurece las condiciones para poder bonificar los nuevos contratos de trabajadores altamente cualificados para proyectos de I+D+i. Con la nueva regulación, las bonificaciones sobre la cuota empresarial de la Seguridad Social ligada a Contingencias Comunes podrán llegar al 50%, lo que representa sobre el papel un impulso muy relevante para el mantenimiento de plantillas que potencien la Innovación en las empresas… siempre que los requisitos para poder optar a la bonificación sea alcanzables.
El Real Decreto-Ley 1/2023 tiene como reto promover la contratación indefinida, lo cual es muy loable, pero en el caso de los incentivos ligados a la contratación de personal investigador, los requisitos exigidos no se ajustan a la realidad laboral de estos profesionales. Desde septiembre, para poder bonificar la nueva contratación indefinida de personal investigador, éstos deben haber estado sin otro contrato indefinido durante al menos 3 meses, lo cual resulta un requisito inalcanzable cuando hablamos de personas con una alta cualificación y con experiencia y diluye el efecto que estas bonificaciones han venido teniendo en la estrategia de innovación de las compañías. Además, la nueva normativa limita la aplicación del incentivo sobre los nuevos contratos indefinidos a tres años.
Javier Campos, nuestro compañero en Euro-Funding, destaca que estas reformas buscan estimular nuevas contrataciones de personas desempleadas y mejorar la estabilidad de los profesionales, especialmente a través de la formalización de contratos indefinidos. Sin embargo, reconoce que las empresas que hacen I+D+i se están encontrando con la dificultad real de poder cumplir con los requisitos exigidos, y esto se traduce en que la nueva normativa de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social por personal investigador dejará de ser un factor relevante para su crecimiento.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, existía un sistema de bonificaciones a la Seguridad Social que desaparece en gran medida con estos nuevos requisitos. Esto no solo afecta a las empresas que emplean intensivamente a investigadores, sino que también encarece la creación de pymes tecnológicas.
Finalmente, han existido quejas de que los cambios se introdujeron sin diálogo social y sin considerar la opinión del sector tecnológico. Estos cambios se han incorporado a una normativa con el título “Medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral de las personas artistas”, lo que ocultó su impacto en el tejido industrial tecnológico del país. Es importante destacar que la nueva regulación no tendrá un carácter retroactivo en su aplicación, por lo que las empresas tendrán que lidiar con dos conjuntos normativos para el mismo incentivo: el aprobado en 2014 (mucho más flexible y atractivo para las empresas) y la nueva regulación introducida por el Real Decreto-ley 1/2023.
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